Pacto por el trabajo

Impulsaremos un estatuto del trabajo que garantice el derecho fundamental al trabajo digno, decente y seguro que incluya a las y los trabajadores de las economías populares, rurales y del cuidado, a los trabajadores asalariados formales, a los trabajadores contratados mediante Órdenes de Prestación de Servicios y demás formas temporales.

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El Trabajo: derecho fundamental, fuente de la riqueza y la libertad. Impulsaremos un estatuto del trabajo que garantice el derecho fundamental al trabajo digno, decente y seguro que incluya a las y los trabajadores de las economías populares, rurales y del cuidado, a los trabajadores asalariados formales, a los trabajadores contratados mediante Órdenes de Prestación de Servicios y demás formas temporales.
Defenderemos que el Salario Mínimo cumpla con los mandatos constitucionales en el marco de derechos sociales propios de un Estado Social de Derecho, incluyendo el derecho fundamental al ingreso mínimo vital.

Empleo garantizado, hacia un nuevo pacto social. La política de empleo garantizado será la base de un nuevo contrato social alternativo al enfoque de subsidios al desempleo y a la flexibilización laboral, que reconocerá aquellas actividades que el mercado laboral tiende a excluir, como las asociadas a las labores del cuidado, a las acciones en el marco de la emergencia climática o a las vocaciones juveniles, donde la iniciativa privada no está dispuesta a asumir inversiones riesgosas para sus propósitos.
En concordancia con el Objetivo 8 de los objetivos de Desarrollo Sostenible cuya finalidad es “promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”, se implementará un programa que proporcionará empleo con un salario básico para quienes no pueden encontrar trabajo de otra manera. No será un programa de emergencia ni un sustituto del empleo privado, sino un complemento permanente del empleo del sector privado.

El Estado actuará como empleador de última instancia ofreciendo empleo a quienes puedan y quieran trabajar, pero no encuentran empleo en el sector privado, beneficiando principalmente a las y los desempleados, jóvenes, mujeres, trabajadores informales, las economías populares y los territorios. La aplicación contra cíclica del programa creará un sector laboral que podrá variar de acuerdo con las necesidades del ciclo económico, aumentándose durante las recesiones o contrayéndose durante las expansiones.
Se mantendrá un stock amortiguador de empleados para acercar la economía al pleno empleo sin comprometer la estabilidad de precios. La iniciativa privada proveerá la fuerza laboral mediante procesos de asociación comunitaria y el Estado promoverá, además, la formación integral de las personas beneficiadas a través del SENA.

El Estado contratará obras de menor tamaño e impacto local, veredal o barrial en las que se contrate a las poblaciones que allí habiten, e implementará programas de convivencia ciudadana, que vinculen personal para realizar actividades orientadas a la reducción de la violencia y la delincuencia; para lo cual se promoverán cambios en la ley de contratación que permitan la oferta de bienes y servicios de la economía social y popular.

El Estado priorizará el aumento de la capacidad de las pequeñas y medianas empresas, principales generadoras de empleo del país, mediante programas de acceso al crédito con bajas tasas de interés o intereses condonables, la financiación a la nómina y el descuento en servicios públicos como medidas para la contratación de personal con garantías laborales.

Empleo para las mujeres: Los programas de empleo público permitirán superar las barreras de acceso y movilidad laboral u ocupacional que enfrentan las mujeres en el mercado laboral, por discriminaciones debido a su género, edad, pertenencia étnica, nivel educativo o socioeconómico, brindando oportunidades de formación y cualificación.
Se reconocerán, y remunerarán trabajos que se encuentran por fuera de la esfera del mercado, en especial el trabajo del cuidado, el cual representa alrededor del 20% de PIB y es realizado en un 81% por mujeres, para posteriormente redistribuir la carga entre los miembros del hogar, el Estado, el mercado y el sector comunitario.
La brecha salarial en razón de género muestra una dimensión de la desigualdad social, por tanto, su cierre se debe promover con políticas públicas de igualdad de salarios de hombres y mujeres que tengan los mismos niveles educativo y ocupación laboral, tanto en el sector público como en las empresas privadas.

El trabajo como derecho en la era digital. El teletrabajo y trabajo en casa será regulado de manera que se preserven los derechos laborales de las y los trabajadores, con dotaciones adecuadas, y verificación de condiciones de salud en el trabajo. El acceso al mínimo vital de conectividad será reglamentado por el Estado, para garantizar hogares conectados, así como un programa de ampliación del acceso a conectividad en el nivel rural y urbano. Las jornadas dedicadas al trabajo remunerado, deberán reconciliarse con las jornadas del trabajo del hogar, la vida social, el estudio y el descanso, por lo que es posible que el incremento de productividad en los hogares permita reducir la jornada laboral para este tipo de trabajo.

Regularemos los trabajos en las plataformas, así como su reconocimiento como una relación laboral y no colaborativa, formalizando dichos trabajos, de manera que los trabajadores accedan a la seguridad social y a condiciones mínimas de bienestar

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