Democratizar el espacio urbano para habitar ciudades más humanas

Impulsaremos una política urbana nacional dirigida a combatir la segregación social y espacial; retomaremos los avances locales en la construcción de ciudades humanas, verdes, incluyentes y productivas y propenderemos para que los gobiernos locales mejoren su base fiscal, con base en instrumentos para la equidad frente a obligaciones urbanísticas y distribución de cargas y beneficios. Fomentaremos los instrumentos de integración regional particularmente alrededor de temas sustanciales como la gestión del agua, gestión del riesgo, manejo de residuos, suburbanización y expansión urbana, así como cierre de brechas campo ciudad.

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Impulsaremos una política urbana nacional dirigida a combatir la segregación social y espacial; retomaremos los avances locales en la construcción de ciudades humanas, verdes, incluyentes y productivas y propenderemos para que los gobiernos locales mejoren su base fiscal, con base en instrumentos para la equidad frente a obligaciones urbanísticas y distribución de cargas y beneficios. Fomentaremos los instrumentos de integración regional particularmente alrededor de temas sustanciales como la gestión del agua, gestión del riesgo, manejo de residuos, suburbanización y expansión urbana, así como cierre de brechas campo ciudad.

Los gobiernos urbanos deben mejorar su base fiscal, con base en de instrumentos de financiación enfocados a la equidad en materia de obligaciones urbanísticas y sistemas de distribución de cargas y beneficios. Se aplicarán los mecanismos jurídicos disponibles para intervenir en el mercado de la tierra urbana y mejorar las fuentes de financiación con base en la movilización de plusvalías. Activaremos un plan nacional de convergencia, en términos de calidad de vida, entre los centros urbanos más dinámicos y aquellos donde se concentra la pobreza y la integración regional se hará alrededor del agua, la dinamización del transporte multimodal para una economía productiva y el cambio de la matriz energética.

Adoptaremos, de la mano de los gobiernos municipales urbanos y de las organizaciones sociales, instrumentos para proteger la permanencia de las familias de medianos y bajos ingresos en las zonas centrales y para promover programas de revitalización urbana incluyentes, respetuosos de las actividades económicas y populares tradicionales y con oferta de vivienda de interés prioritario y social y en alquiler.

Se pondrá en marcha un programa concertado con los gobiernos municipales y las organizaciones sociales y comunitarias para la legalización, el mejoramiento integral de barrios y viviendas, la adaptación al cambio climático y el reconocimiento legal de las edificaciones, para reconocer el esfuerzo que han hecho las familias en autogestionar la vivienda y para mejorar sus condiciones de calidad de vida y seguridad.

La política urbana nacional incorporará el paradigma de la reutilización de la ciudad construida y, por tanto, la apuesta de los centros históricos será la rehabilitación y reciclaje de tejidos, estructuras y actividades existentes.

La democratización de la ciudad implica crear todas las condiciones de protección a la economía popular, en el marco de lo cual, entre otras, cesará la persecución policial a los trabajadores informales, quienes de forma organizada accederá a procesos de formación y fortalecimiento y participarán de forma vinculante en la construcción de la política del espacio público. La policía como órgano civil de la sociedad, actuará en primera instancia con herramientas de carácter pedagógico.

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