Hábitat, Vivienda y Servicios Públicos como derechos

En nuestro gobierno, lideraremos una política de hábitat, vivienda y servicios públicos ordenada alrededor del agua que permita superar la profunda desigualdad, la primacía del negocio sobre los derechos, la gestión local y comunitaria y la protección de la naturaleza bajo un nuevo marco regulatorio que dinamice una relación virtuosa entre Estado, agentes de mercado y sociedad en la que las comunidades participen efectivamente a través de procesos asociativos y alianzas público-populares. Las políticas públicas reconocerán la construcción social del territorio y la necesidad de producir hábitat integral en todos los espacios, urbanos, de centros poblados y rurales y avanzaremos en particular en una política pública de vivienda social que permita remontar la desigualdad y exclusión de los habitantes rurales y de la ciudad informal.

Toda esta transformación debe hacerse de la mano con el ajuste normativo a las leyes 388 de 1997 y 1454 de 2011 de Ordenamiento Territorial para enfocar la reorganización territorial del país alrededor del agua, permitiendo autonomía, articulación y financiamiento a los territorios, incluidos los del campesinado y los pueblos afrodescendientes, negros, palenqueros, raizales e indígenas. Esto implica la democratización del espacio urbano y rural ya explicado en la transición hacia una economía productiva.

Vivienda digna: Promoveremos los procesos asociativos, autogestionarios y de autoconstrucción con enfoque territorial y asistencia técnica para el acceso a la vivienda a través de organizaciones populares de vivienda, eliminando la obligatoriedad de tener previamente suelo. Se fortalecerá la institucionalidad local para avanzar en programas de reasentamientos, titulación de predios y mejoramiento de vivienda y de barrios, desarrollo de intervenciones integrales y sostenibles que reconozcan las particularidades del hábitat popular. El Estado definirá los mecanismos para que los municipios del país estén obligados a producir bancos de suelos públicos.

Se impulsará el programa nacional de mejoramiento barrial comunitario, como mecanismo de regularización urbanística o legalización de barrios y del mejoramiento integral de barrios. Se impulsará el saneamiento y masificación de la titulación (escrituración) como garantía del derecho a la vivienda, al mismo tiempo que se promoverán los proyectos intersectoriales de mejoramiento integral de asentamientos humanos con salud, ambiente, cultura, etc. La promoción de hábitat verde será una prioridad en todo el territorio nacional, como apuesta por la producción de oxígeno y sumideros naturales de gas carbono.

La política de vivienda adoptará una reglamentación que promueva proyectos de construcción a partir de los materiales del lugar, que implementen ahorros de energía y agua, y gestión de residuos orientada al aprovechamiento, así como el uso de tecnologías como paneles solares y tecnologías limpias para el saneamiento, con propuestas innovadoras adecuadas a los hábitos y costumbres de los hogares, así como a las condiciones ambientales y paisajísticas de las zonas.

La reglamentación de la Vivienda de interés social y Vivienda de Interés prioritario tendrá que ser revisada a ajustada a través del Reglamento técnico mínimo obligatorio sobre la VIS y VIP. Los instrumentos de uso de bienes fiscales, mayor tributación a los lotes de engorde y declaratoria de desarrollo, construcción y uso prioritario y reajustes de terrenos serán fortalecidos y la asignación de recursos nacionales para vivienda estará condicionado al uso de esos instrumentos. Los porcentajes de suelo destinados a vivienda de interés prioritario y social se establecerán de acuerdo con el crecimiento de los hogares y sus condiciones socioeconómicas en cada centro urbano.

Se promoverán programas de mejoramiento de edificaciones patrimoniales con oferta de vivienda de interés social o con programas de vivienda para clases medias y proyectos de revitalización con protección de los propietarios originales y con oferta de vivienda de interés social y prioritario.

La democratización del crédito permitirá el acceso a la vivienda con progresividad que incluya líneas especiales complementadas con subsidios para la compra y el mejoramiento de la vivienda popular. Estableceremos facilidades para el acceso a locales en arrendamiento para emprendimientos de la economía popular. Para la vivienda no popular se promoverán sistemas de crédito hipotecario que permitan a las familias adquirir vivienda en plazos y tasas acordes con el ingreso familiar.

Por la vía de las alianzas público-populares con organizaciones sociales y comunitarias en los territorios, se impulsará un programa masivo de construcción y mejoramiento de viviendas rurales y urbanas en asentamientos de origen informal, adecuada culturalmente a las realidades regionales que considere la construcción vernácula, resolviendo problemas estructurales de orden regulatorio, financiero, técnico y operativo.

Desarrollaremos una política pública de arrendamiento con una gama de alternativas que incluya la construcción de equipamiento estatal, construcción y/o ampliación de vivienda usada para alquiler, combinación de incentivos de crédito y subsidio bajo modelos conduzcan a que las personas se puedan convertir a mediano plazo en propietarios.

Agua y Saneamiento básica, derechos y protección de la vida: Asumimos el agua como derecho fundamental y en esa medida garantizaremos el suministro de agua potable en todo el territorio nacional y el mínimo vital de agua en todo el país. En zonas rurales, veredas, municipios pequeños e islas se impulsarán los acueductos comunitarios articulando saberes tradicionales con asistencia científica y tecnológica. Mejoraremos en calidad y cobertura los sistemas de alcantarillado e impulsaremos alternativas tecnológicas para reducir los impactos a la naturaleza.

Los botaderos a cielo abierto serán prohibidos, y se minimizará la tecnología de disposición final hacia tecnologías de aprovechamiento, para lo cual se actualizarán los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos. El servicio público domiciliario de aseo se reglamentará de manera que las organizaciones de recicladores debidamente identificados y registrados por las Entidades Territoriales, puedan ser operadores del servicio de aprovechamiento. Para lo cual las entidades territoriales dotarán de infraestructuras de bodegas y parques tecnológicos en los POT. Es necesaria la modificación de la ley 142 de servicios públicos para ampliar la participación de organizaciones comunitarias en la prestación de los servicios públicos bajo parámetros regulados de calidad y capacidad técnica.