Por una seguridad humana que se mida en vidas

Transformaremos el enfoque de la seguridad basada en la construcción y eliminación del enemigo interno para pasar a una seguridad humana basada en la igualdad, la protección de la soberanía nacional, la seguridad ciudadana, el cuidado de la vida y la naturaleza, aspectos desarrollados a lo largo de este Programa. Avanzaremos en la desmilitarización de la vida social.

FFAA para una era de Paz. Consolidaremos el principio constitucional de la prevalencia de la autoridad civil sobre la militar, la promoción del respeto y la garantía de los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de todos las personas, grupos y comunidades en todo el territorio nacional.

La reforma progresiva de las FFAA debe orientarse a poner en el centro el bienestar y la educación de su principal activo: los hombres y mujeres que las conforman. La terminación del conflicto armado conduce a un ajuste de los roles, de las misiones y de la llamada “doctrina de seguridad nacional”, que será reemplazada por una nueva política de defensa nacional.

El servicio militar dejará de ser obligatorio y respetaremos la objeción de conciencia; todos los miembros de las FFAA accederán a la educación superior y más y mejor formación en DDHH, DIH y en diversas áreas del conocimiento. Ajustaremos la política de ascensos por la vía de la meritocracia, promoviendo la igualdad de condiciones para que el más bajo rango pueda ascender. La institucionalidad debe ser más corporativa para ser más eficiente, más estratégica para transparentar sus procesos de contratación y más operacional para organizar mejor su estructura y funcionamiento interno.

Esta transformación incluye el ajuste en términos salariales y reconocimiento de pensión que reconozca la profesionalización en condiciones dignas y justas. Se revisará la asignación y distribución del presupuesto, los procesos de contratación y los mecanismos de gastos reservados. Igualmente se fortalecerán los procesos de investigación y juzgamiento de la justicia penal militar en perspectiva de la superación de la impunidad y colaboración con la justicia ordinaria y la transicional. Impulsaremos la eliminación del fuero penal militar. Asimismo, prevendremos y castigaremos con severidad la violencia de género al interior de las FFAA y, en general, contra las mujeres de nuestra sociedad.

Una Policía civil para la vida y la seguridad humana. El redimensionamiento de la Policía Nacional conforme al mandato constitucional implica que sea reubicada bajo el Ministerio de Interior o de Justicia (Alemania y EE.UU., son ejemplo de ello). Nuestra prioridad será recuperar, a nivel institucional y operativo, el carácter civil del cuerpo policial y de acuerdo con ello, redefinir sus funciones y prioridades, que incluyen el desmonte del ESMAD y el tránsito a una fuerza orientada a la solución pacífica e inteligente de conflictos.

La reestructuración de la Policía Nacional debe contar con una amplia participación ciudadana que recoja tanto las experiencias como las propuestas, las particularidades de los territorios y la manera de enfrentar la corrupción al interior de la institución con un alto componente de veeduría ciudadana permanente en todas y cada una de sus actuaciones.

La nueva Policía garantizará la convivencia y seguridad humanas, no cumplirá funciones exclusivas de las fuerzas militares, ni prestará servicios de escolta, o administrativos no relacionados con sus funciones constitucionales, como cargar maletas o hacer mercados.

Políticas de protección y fortalecimiento de líderes sociales y movilización social. Una política de protección implica rescatar el enfoque de seguridad humana para la defensa de líderes sociales desde un enfoque diferencial individual y colectivo que ponga en el centro de las preocupaciones del territorio la conservación de la vida de sus lideres y sus comunidades, desde sus prácticas ancestrales de protección y cuidado, también acorde a las lógicas territoriales que las experticias comunitarias han desarrollado para garantizar protección.

Se reestructurará la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que su principal objetivo sea la previsión y prevención de los ataques a los hombres y mujeres líderes sociales, atienda y enfrente las amenazas que viven, supere las vulnerabilidades y aumente sus capacidades para que no haya condiciones de riesgo en su ejercicio de liderazgo. Se estructurará un sistema de monitoreo y atención a represalias por denuncias y procesos de exigibilidad de derechos, con medidas específicas para casos de empresas y de instituciones del Estado.

Instalaremos y fortaleceremos las Mesas Territoriales de Garantías como espacio de interlocución permanente entre sociedad civil y autoridades, y de seguimiento a las dinámicas de las organizaciones y conductas objeto del Decreto-Ley 154 de 2017.

Crearemos el Programa Integral de Seguridad Humana para las comunidades y las organizaciones sociales en los territorios, basadas en estrategias de diálogo intercultural, que posibiliten el mutuo reconocimiento de la diferencia y legitimidad para garantizar protección efectiva de acuerdo a los propósitos trazados en la política pública.

El respeto de las libertades fundamentales y los derechos humanos. Brindaremos todas las garantías para el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, a la movilización y la protesta social, al derecho a defender los derechos en particular los territoriales y ambientales, el acceso a la información pública, la libertad de prensa y en general al conjunto de derechos humanos individuales y colectivos.

Protegeremos la diversidad religiosa y de culto. En nuestro gobierno garantizaremos a todas las ciudadanías las condiciones para el ejercicio de la igualdad y la libertad de culto según sus opciones religiosas y espirituales. Toda política pública relativa a la igualdad y libertad religiosa estará armonizada con la Constitución Política y la ley.