Hacia un cambio de paradigma en la lucha contra las economías ilegales

El enfoque del prohibicionismo en el tratamiento del problema global de las drogas le impuso a Colombia la guerra en torno a las economías ilegales de la de coca, amapola y cannabis.

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El enfoque del prohibicionismo en el tratamiento del problema global de las drogas le impuso a Colombia la guerra en torno a las economías ilegales de la de coca, amapola y cannabis. Esta guerra ha fracasado y el país necesita avanzar hacia un nuevo paradigma que concite la voluntad global y de América Latina hacia una agenda internacional concertada basada en los derechos humanos y la construcción de la paz la transformación económica de los entornos productores sin criminalización de los cultivadores, la protección de la naturaleza, la regulación, el sometimiento judicial de las organizaciones criminales y el abordaje del consumo como un tema de salud pública. Prohibiremos la aspersión aérea de exfoliantes como el glifosato, por razones de salud pública y ambiental.

Impulsaremos la sustitución de tierras y de economías para que las poblaciones rurales hagan parte del nuevo modelo de economía productiva, dejen de ser perseguidos, fumigados y judicializados y se beneficien complementariamente de la regulación participando como propietarios de los nuevos encadenamientos productivos.

Eliminaremos la dependencia macroeconómica del Estado de las rentas de la cocaína como mecanismo de estabilización. Se implementarán programas que garanticen ingresos seguros y dignos a la población rural, debilitando y eliminando la dependencia de esta de los capitales de la cocaína, a través de la sustitución del proceso productivo y comercial de la coca, que tendrán como base la democratización de la tierra, el crédito y el saber con permanente apoyo técnico para lograr mayor productividad y reinserción en económica del pequeño productor. Para ser competitivos los proyectos alternativos se deben dar con cultivos de alta rotación, agroindustria campesina asociativa, merma de peso y volumen que facilite el transporte, y garantía de mercado y precios mediante una ley de acceso de los productos alternativos a las grandes cadenas.

Se impulsará la regulación de las plantas y sus usos derivados. Se investigarán los usos benéficos que pueden tener los productos derivados del cannabis y la hoja de coca, impulsando un importante sector productivo que involucre al Estado, el sector privado y las formas cooperativas y comunitarias para la economía nacional e internacional. Se potenciará el desarrollo de la agroindustria cannábica -como en la mayor parte del mundo- hacia su regulación.

La producción y derivados del cannabis contará con un marco legal que privilegie los permisos y el acompañamiento técnico comercial para las familias productoras asegurando que en el mercado participen los pequeños propietarios y las cooperativas de productores y que en la comercialización se garantice una distribución segura para el consumidor y un importante recaudo de impuestos para el Estado. A su vez, se abrirán espacios en el comercio internacional con una variedad de productos derivados -medicinales, alimenticios y textiles.

Buscaremos reorientar los esfuerzos de la cooperación internacional para que pasen del financiamiento destinado a la guerra antidrogas, al apoyo a las políticas y programas de transformación económica en las regiones más afectadas.

Implementaremos una política de educación, prevención, tratamiento y atención de las personas con consumo de sustancias psicoactivas con enfoque de reducción de riesgo y daño. Se pasará de la criminalización del consumo, al manejo como asunto de salud pública en el marco de lo cual se extenderán a todo el país entre otras, estrategias como la de los Centros de Atención Médica a Drogodependientes- CAMAD ejecutadas en la Bogotá Humana.

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