Democratización del Estado y erradicación del régimen de corrupción.
Restauraremos el equilibrio y la independencia de los poderes públicos, fortaleciendo su autonomía funcional y financiera. Respetaremos efectivamente el sistema de pesos y contrapesos y derrotaremos a las mafias que han cooptado los poderes públicos y amenazan su estabilidad y seguridad.
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Restauraremos el equilibrio y la independencia de los poderes públicos, fortaleciendo su autonomía funcional y financiera. Respetaremos efectivamente el sistema de pesos y contrapesos y derrotaremos a las mafias que han cooptado los poderes públicos y amenazan su estabilidad y seguridad.
Reforma a la justicia y a organismos de control. Promoveremos una reforma a la justicia que tenga como pilares: la independencia judicial, la meritocracia, autonomía administrativa y presupuestal, lucha contra la corrupción, acceso expedito de la ciudadanía al sistema judicial mediante herramientas tecnológicas y fortalecimiento de los mecanismos alternativos para solución de conflictos. El mecanismo de elección del fiscal general igualmente debe estar basado en los méritos y la total independencia del gobierno de turno.
Propondremos una reforma a la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para responder al mandato que la Constitución Política de 1991 les otorgó, respetando el sistema de pesos y contrapesos y el equilibrio de poderes, para lo cual deben eliminarse la duplicidad de funciones, las grandes, ineficientes y costosas nóminas nacionales y territoriales.
Justicia restaurativa. La justicia restaurativa busca la humanización de las justicias transicional y retributiva, en la medida que, apuesta por el reconocimiento de las víctimas, la responsabilidad de los victimarios u ofensores, la reparación del daño y la reintegración social de éstos. La cárcel no será más un espacio de violación de derechos, se convertirá en un espacio de resocialización. Asimismo, contribuye a la paz urbana de abajo hacia arriba, en una espiral ascendente-incluyente, que va desde el diálogo restaurativo entre víctima-victimario-comunidad, reparando las relaciones rotas, produciendo convivencia familiar y barrial, mejorando la seguridad ciudadana y por ende, aportando a la paz nacional urbana y rural.
Ofreceremos servicios de justicia restaurativa en “Casas de Justicia” y “Centros de Convivencia Ciudadanos”, en la Fiscalía General de la Nación, en los juzgados penales y centros penitenciarios a través de mediadores penales restaurativos. Proponemos crear cárceles restaurativas municipales y promoveremos sanciones pedagógicas restaurativas en los Centros de Atención Especial (CAE) para adolescentes.
Fortalecimiento de la carrera administrativa. Protegeremos la Función Pública, consolidando la carrera administrativa y eliminando la contratación precaria para garantizar continuidad y compromiso de los equipos de trabajo. Suprimiremos las nóminas paralelas, ejerceremos mejor control del talento humano y dignificaremos el servicio público. Eliminaremos la tercerización y la intermediación privadas en los aspectos administrativos, técnicos y financieros en tareas esenciales del Estado.
Un sistema electoral para la nueva cultura democrática. El sistema electoral del Legislativo colombiano es censitario, difuso y caudillista. Proponemos reformar el sistema de elección del Congreso de la República, principalmente, para que permita a los ciudadanos exigir cuentas a sus representantes y participar efectivamente en las decisiones que los afectan; depurar, legitimar y fortalecer los partidos políticos, garantizar el financiamiento público y racional de las campañas electorales; la construcción de nuevos estímulos para participar activamente en los procesos electorales y lograr mayor representación. Impulsaremos la eliminación de la comisión de acusaciones.
Impulsaremos la reforma de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, órganos cooptados por intereses clientelistas, criminales y corruptos. Garantizaremos su independencia, la diversidad en la representación y la soberanía informática y tecnológica de la nación sobre todo el sistema electoral con garantías efectivas de participación y veeduría ciudadana. Promoveremos la creación de un Tribunal Electoral que garantice la total independencia del poder electoral de las demás ramas del poder público y ofrezca seguridad y transparencia ante la ciudadanía.
Participación democrática en los medios de comunicación estatales. Reformaremos a RTVC para asegurar su carácter institucional, popular e independiente para que sea la voz de las multitudes, expresión de la democracia multicolor. Impulsaremos su independencia funcional, administrativa y financiera del Ministerio TIC. Promoveremos una ley de radio pública, cultural e institucional que se articule y contenga parámetros similares a la ley de TV. Fortaleceremos los contenidos culturales y educativos, así como su infraestructura (física y equipos), presencia territorial (descentralización) y sus alianzas con orquestas sinfónicas y filarmónicas.
Lucha frontal contra la corrupción. El proceso de democratización del Estado pasa por asegurar un mayor nivel de participación vinculante de la ciudadanía en las decisiones públicas incluyendo el impulso a los presupuestos participativos y el acceso a la información pública sobre todo el ciclo de gestión de los recursos en todos los niveles del Estado en la perspectiva de garantizar el carácter público de las finanzas. Se fortalecerá la vigilancia efectiva a toda la contratación pública para garantizar transparencia, economía y eficacia. Promoveremos una legislación de protección al denunciante de la corrupción.
Reforma a la justicia y a organismos de control. Promoveremos una reforma a la justicia que tenga como pilares: la independencia judicial, la meritocracia, autonomía administrativa y presupuestal, lucha contra la corrupción, acceso expedito de la ciudadanía al sistema judicial mediante herramientas tecnológicas y fortalecimiento de los mecanismos alternativos para solución de conflictos. El mecanismo de elección del fiscal general igualmente debe estar basado en los méritos y la total independencia del gobierno de turno.
Propondremos una reforma a la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para responder al mandato que la Constitución Política de 1991 les otorgó, respetando el sistema de pesos y contrapesos y el equilibrio de poderes, para lo cual deben eliminarse la duplicidad de funciones, las grandes, ineficientes y costosas nóminas nacionales y territoriales.
Justicia restaurativa. La justicia restaurativa busca la humanización de las justicias transicional y retributiva, en la medida que, apuesta por el reconocimiento de las víctimas, la responsabilidad de los victimarios u ofensores, la reparación del daño y la reintegración social de éstos. La cárcel no será más un espacio de violación de derechos, se convertirá en un espacio de resocialización. Asimismo, contribuye a la paz urbana de abajo hacia arriba, en una espiral ascendente-incluyente, que va desde el diálogo restaurativo entre víctima-victimario-comunidad, reparando las relaciones rotas, produciendo convivencia familiar y barrial, mejorando la seguridad ciudadana y por ende, aportando a la paz nacional urbana y rural.
Ofreceremos servicios de justicia restaurativa en “Casas de Justicia” y “Centros de Convivencia Ciudadanos”, en la Fiscalía General de la Nación, en los juzgados penales y centros penitenciarios a través de mediadores penales restaurativos. Proponemos crear cárceles restaurativas municipales y promoveremos sanciones pedagógicas restaurativas en los Centros de Atención Especial (CAE) para adolescentes.
Fortalecimiento de la carrera administrativa. Protegeremos la Función Pública, consolidando la carrera administrativa y eliminando la contratación precaria para garantizar continuidad y compromiso de los equipos de trabajo. Suprimiremos las nóminas paralelas, ejerceremos mejor control del talento humano y dignificaremos el servicio público. Eliminaremos la tercerización y la intermediación privadas en los aspectos administrativos, técnicos y financieros en tareas esenciales del Estado.
Un sistema electoral para la nueva cultura democrática. El sistema electoral del Legislativo colombiano es censitario, difuso y caudillista. Proponemos reformar el sistema de elección del Congreso de la República, principalmente, para que permita a los ciudadanos exigir cuentas a sus representantes y participar efectivamente en las decisiones que los afectan; depurar, legitimar y fortalecer los partidos políticos, garantizar el financiamiento público y racional de las campañas electorales; la construcción de nuevos estímulos para participar activamente en los procesos electorales y lograr mayor representación. Impulsaremos la eliminación de la comisión de acusaciones.
Impulsaremos la reforma de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, órganos cooptados por intereses clientelistas, criminales y corruptos. Garantizaremos su independencia, la diversidad en la representación y la soberanía informática y tecnológica de la nación sobre todo el sistema electoral con garantías efectivas de participación y veeduría ciudadana. Promoveremos la creación de un Tribunal Electoral que garantice la total independencia del poder electoral de las demás ramas del poder público y ofrezca seguridad y transparencia ante la ciudadanía.
Participación democrática en los medios de comunicación estatales. Reformaremos a RTVC para asegurar su carácter institucional, popular e independiente para que sea la voz de las multitudes, expresión de la democracia multicolor. Impulsaremos su independencia funcional, administrativa y financiera del Ministerio TIC. Promoveremos una ley de radio pública, cultural e institucional que se articule y contenga parámetros similares a la ley de TV. Fortaleceremos los contenidos culturales y educativos, así como su infraestructura (física y equipos), presencia territorial (descentralización) y sus alianzas con orquestas sinfónicas y filarmónicas.
Lucha frontal contra la corrupción. El proceso de democratización del Estado pasa por asegurar un mayor nivel de participación vinculante de la ciudadanía en las decisiones públicas incluyendo el impulso a los presupuestos participativos y el acceso a la información pública sobre todo el ciclo de gestión de los recursos en todos los niveles del Estado en la perspectiva de garantizar el carácter público de las finanzas. Se fortalecerá la vigilancia efectiva a toda la contratación pública para garantizar transparencia, economía y eficacia. Promoveremos una legislación de protección al denunciante de la corrupción.
