Los Acuerdos de Estado con los firmantes de la paz, la sociedad y la comunidad internacional se cumplen.

En nuestro gobierno recuperaremos el tiempo perdido, cesará la violencia contra los firmantes de la paz y con el concurso de toda la sociedad y la comunidad internacional haremos realidad lo pactado en toda su extensión.

En particular, el acuerdo sobre reforma rural integral será pilar central de nuestra propuesta de democratización de la tierra y por tanto entre otras medidas constituiremos el Fondo de Tierras, crearemos la jurisdicción agraria, avanzaremos en la elaboración de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural –POSPR, implementaremos el Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) para contribuir a la resolución pacífica de conflictos y a la seguridad jurídica de la tenencia. Pondremos en marcha un Sistema Especial para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación de la población rural. Crearemos diferentes instancias de gobernanza y su vínculo con varios programas para la lucha contra el hambre y la desnutrición.

Sacaremos del entrampamiento burocrático y politiquero Los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET para que las más de 32 mil iniciativas en los 170 municipios priorizados sean una realidad soportada en la participación real de las poblaciones, las víctimas, el campesinado, los pueblos afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros e indígenas

Articularemos los instrumentos más efectivos del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos y del ISDA (Planes Integrales Comunitarios y Municipales de Sustitución y Desarrollo Alternativo) a la nueva política de economía productiva en la que Colombia transite de la economía fósil e ilegal de la cocaína a una economía basada en el trabajo y la producción de alimentos en la que el pequeños productor rural no será judicializado, fumigado o desplazado sino al contrario en el marco de sustitución de tierras y económica encuentre un lugar digno y las condiciones de capital, asociatividad y conocimiento para contribuir a la regulación de las drogas.

Nuestro gobierno, respetará y creará las financieras, de seguridad y protección para que la CEV culmine su labor durante 2022 y su informe sobre la verdad pueda ser convertido en patrimonio de la nación y difundido sin barreras ni censuras. La JEP tendrá toda la colaboración para que la justicia transicional esté revestida de toda la confianza y se convierta en piedra angular del tránsito en Colombia hacia una era de paz. Entregaremos todo el apoyo necesario para que en Colombia encontremos a los desaparecidos y desaparecidas en motivo del conflicto y rodearemos a la Unidad de Búsqueda de Población Desaparecida-UBPD de las condiciones necesarias. En fin, nuestro gobierno no escatimará esfuerzo para que el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición cumpla su cometido y los mandatos legales y constitucionales.
Hacia un acuerdo de paz con el ELN: Crearemos las condiciones para avanzar en un diálogo y negociación eficaz con el ELN en el marco de la generación de grandes consensos nacionales y apoyo de la comunidad internacional, que recoja las lecciones aprendidas del Acuerdo Final de Paz con las FARC.

Sometimiento judicial del multicrimen: Con el fin de desmantelar de manera pacífica y eficaz los grupos multicrimen, sucesores del paramilitarismo y articulados en su mayoría al narcotráfico, se identificarán y combatirán los grandes capitales, las estructuras de los verdaderos traficantes de la droga, financiadores, procesadores y exportadores, así como su vinculación con el aparato del Estado. Con ellos se abrirán espacios de negociación judicial y sometimiento colectivo a la justicia sobre la base del desmonte de sus actividades, la obtención de verdad y la disposición de los recursos de sus actividades ilegales para la ejecución transparente de políticas públicas para la reparación y la garantía de derechos de toda la población. Se reactivará la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.