Democratizar la tierra fértil y el agua para alimentar a Colombia

Avanzaremos hacia el cierre de la brecha de desigualdad en la tenencia y uso de la tierra y el agua a través de una reforma agraria y acuaria para transformar el campo en clave productiva y de justicia social y ambiental. Garantizaremos el derecho a la tierra para las familias rurales, la formalización de la propiedad y evitaremos la expansión indiscriminada de la frontera agraria y la colonización de baldíos.

Impulsaremos la conexión de las unidades de producción con los centros de comercio y exportación y garantizaremos el acceso a bienes y servicios públicos que permitan aumentar la productividad, la innovación y los encadenamientos productivos entre los campos, las ciudades y el mundo.
Las mujeres rurales serán las protagonistas de la transformación. Priorizaremos la titulación de tierra a nombre de las mujeres rurales que han sido históricamente las guardianas de las semillas, el agua, la tierra y la vida.

Como herramienta estratégica de la reforma agraria, realizaremos el catastro multipropósito con base en el cual desincentivaremos el latifundio improductivo en tierras fértiles a través de impuestos y orientaremos la distribución equitativa de la tierra. Estimularemos el paso de la subutilización o uso inadecuado de la tierra para ganadería extensiva, hacia el uso de acuerdo con la vocación productiva, especialmente la producción agroalimentaria y la implementación de sistemas agrosilvopastoriles. Esto responderá a principios de pertinencia en cada subregión, siguiendo los criterios ambientales y de uso adecuado del suelo establecidos por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), en el marco de políticas de ordenamiento territorial alrededor del agua.

En aquellas subregiones estratégicas para hacer de Colombia una potencia agrícola, propondremos al propietario del latifundio improductivo activar la producción de sus terrenos, pagar los impuestos correspondientes, o en última instancia, venderlos al Estado para que este a su vez lo entregue a las comunidades rurales. La tierra más fértil del país generará empleo para millones de familias desplazadas de sus tierras, cooperativas de productores agrarios y demás actores rurales. Seremos una potencia agrícola, para que nunca más haya hambre en nuestro suelo.

Transitaremos hacia el financiamiento de las entidades territoriales más allá de las regalías del extractivismo, a partir de recursos provenientes de la actualización catastral y el aumento de las tarifas que serán destinadas a la producción de bienes públicos de apoyo a la economía campesina local y regional y al desarrollo de programas sociales que mejoren las condiciones de vida de la población rural.

Adelantaremos la reforma agraria haciendo realidad y potenciando el Fondo de Tierras, los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial y otros instrumentos creados por el Acuerdo Final de Paz, con lo que se titularán millones de hectáreas, se fortalecerán los encadenamientos productivos generando valor agregado a través de la transformación y la comercialización efectiva sin intermediación mediante la combinación de compras públicas, inserción en los circuitos de mercadeo local, regional, nacional e internación, con base en la asociatividad, el cooperativismo, la asistencia técnica y acceso a crédito barato.

Avanzaremos en una estrategia de sustitución de tierras y economía en los territorios cooptados por las economías ilegales como mecanismo fundamental para lograr una economía productiva, alcanzar la soberanía alimentaria, superar la violencia, proteger la naturaleza y entrar en una era de paz.